No me dejaban inscribir a mi hija con su nombre acentuado, Inés: "el programa no lo permite". Aquí cuento lo que pasó:
El pasado 5 de noviembre nació mi hija Inés, y poco después acudimos su madre y yo al Registro a inscribirla. Fueron todos allí no sólo muy correctos, sino además muy amables... Dos de las chicas que lo llevan me consta que son licenciadas en Derecho, y a pesar de que no tienen edad para tener una larga experiencia me sorprendió lo bien que asesoraban a la gente en relación con la nacionalidad y,quiero pensar, si esto era así para ese tema lo sería también para los otros que acostumbran a ver en el Registro.
A pesar de ese buen trato, y de una correcta formación (que se echa de menos más de lo que se debiera entre los funcionarios judiciales -y en general, en otros muchos puestos y profesiones-), llegados al punto en que nos dan un borrador de nuestra declaración ante el Registro, antes de proceder a 'grabar' los datos informáticamente, observo que el nombre de mi hija aparecía sin tilde, frente al nombre de la localidad, donde el "San Cristóbal" sí que aparecía con la grafía del acento debidamente colocada. Tampoco acentuaban los apellidos. Le hago la observación y me dice "entonces está todo bien", y graba los datos.
Evidentemente protesté, pues el nombre es algo a lo que se tiene derecho, y no es lo mismo Inés que Ines, y perfectamente cabría pensar en que alguien quisiera llamar a su hijo o hija Ines, sin acento. Así se lo tienen instruido desde Madrid, me dijo (aquí en Canarias, como probablemente en otras muchas autonomías donde el nacionalismo impera, cuando algo está mal o no se quiere justificar "viene impuesto desde Madrid"), y por ello no acentúan nada. Así que el problema es el mismo para Martin y Martín, y otros supuestos más claros que el de Inés (no es el mismo nombre Lucía que Lucia, pero se encontraría con el mismo problema). La funcionaria me siguió explicando que le programa no permite los acentos... o que tal vez sí, pero entonces cuando se hace una búsqueda sin acentos no se encuentra...
¡¡Qué aberración!!, pensé. Adaptar el funcionamiento de nuestro Registro en una cuestión tan importante como el derecho al nombre por una aplicación informática. Enseguida pensé en formular una sugerencia ante el Consejo General del Poder Judicial, a ver si se ponen a arreglar este tipo de cosas en lugar de dedicarse a desestabilizar el sistema político (bueno, este es otro tema que trataré en algún momento). Cuando hice pública mi intención la funcionaria reaccionó con una mezcla de miedo y satisfacción. Lo primero por las posibles 'charlas' que le pudieran caer, y lo segundo por el hecho de que alguien se preocupara de cómo se hacen las cosas, y se valore su trabajo, como lo hago. Primo lo segundo, y salió a buscarme para que volviera y mostrarme así el funcionamiento del programa informático. Me indicó que es un programa que llevan usando escasas dos semanas, y que lo que me había dicho se refería al anterior, que ya no usan. Vi que se trataba de una interfaz web contra un servidor central, nacional. El programa aceptó las tildes sin ningún problema. Sospecho que también encontraría un nombre aunque se buscase sin escribir las tildes que lleva. En todo caso, si no fuese así, ello no debería obstar para que se inscriban los nombres como son, con toda la riqueza de nuestro idioma, con las diferencias que a veces son sólo de acento entre las distintas lenguas que junto al español (castellano para la Constitución) son también oficiales en algunas comunidades autónomas.
Al final no realicé la sugerencia al CGPJ, y no porque no hubiese hojas para hacerlo, que no había, sino porque la funcionaria me dijo que en adelante lo tendría en cuenta, y porque permitiéndolo la aplicación informática, ya sólo depende de que los Jueces encargados del Registro lo sepan y lo exijan a sus funcionarios. Ciertamente, los funcionarios formados en el programa anterior seguirán ignorando las tildes mucho tiempo aún... evidencia de que la informática no puede servir de excusa para hacer las cosas mal. Son muchos los ejemplos en que desde un equivocado concepto de la informática se obliga a cambiar procedimientos y a lesionar derechos. Las más de las veces esto sólo esconde intereses económicos cuando no dejadez y ganas de hacer bien el trabajo.